Trabajadores metalúrgicos, del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de Mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas.
Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de Mayo.
Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sin números de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja. Todos protestan. El gobierno reprime.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la Universidad.
Todas las organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y manifestaciones. Se trabaja en común acuerdo con la CGT.
El día 18 es asesinado en Rosario, el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos.
El 23 de Mayo es ocupado el Barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil.
El 26 de Mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de las actividades de 37 horas a partir de las 11 horas, para el 29 de Mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los estudiantes organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad los días previos.
El 29 de Mayo amanece tenso. Los trabajadores de luz y fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y Gral. Paz. Una vez más la represión está marcha.
Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.
Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población.
Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder, ni de cómplices participacionistas.
El saldo de la batalla de Córdoba, "El Cordobazo", es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás.
En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano.
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo..."
* Extraído de Periódico de la CGT de los Argentinos – Febrero 1970
Rodolfo Walsh
Gracias al El ortiga (elortiba@gmail.com) www.elortiba.org
sábado, 29 de mayo de 2010
lunes, 10 de mayo de 2010
Por quién suenan los Clarines
Por Eduardo Anguita
El periodista norteamericano John Reed estuvo en San Petersburgo cuando cayó el régimen zarista y describió las escenas cotidianas del hambre, la miseria y la lucha en un relato vibrante titulado Los diez días que conmovieron al mundo.
Los próximos diez días no serán los que conmuevan al mundo, ni tampoco se prevé un asalto al Palacio de Tribunales tal como hicieron los bolcheviques con el Palacio de Invierno de los zares. La pelea por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, frenada por una medida cautelar de un tribunal mendocino, no es maximalista sino apenas democrática. Sin embargo, la sensación de temperatura mediática puso a lectores, radioescuchas y televidentes en un escenario que parece el de una caldera revolucionaria.
El dato cierto es que el miércoles 19 de mayo la Corte Suprema de Justicia tratará el recurso presentado por el Poder Ejecutivo contra la Cámara Federal mendocina que confirmó la medida cautelar impuesta por la jueza Olga Pura de Arrabal a pedido del diputado opositor Enrique Thomas. El alto tribunal, ese día podrá tomar alguna determinación o bien podrá abrir un debate interno sin fecha determinada. Las alternativas son muchas y los votos de los supremos no son fácilmente previsibles.
No cabe duda de que la visita de los empresarios de la Asociación de Empresarios de Argentina, con la presencia del CEO de Clarín Héctor Magnetto, al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti despertó airadas quejas. Hasta la revista Noticias aventuró una supuesta en la que el juez declaraba nada menos que la ruptura de relaciones con la Presidenta de la Nación.
Sin escándalos ni amarillismos, el panorama parece así. Es muy difícil que la Corte avale lo actuado por los tribunales de Mendoza. Hacer judiciable una ley desde una jurisdicción lejana de la ciudad de origen del tratamiento (el Congreso está en Buenos Aires y allí hubiera sido más razonable una demanda) no parece el temperamento de esta Corte realmente independiente. Es decir, si hubiera un escenario favorable a quienes detentan monopolios en los medios audiovisuales, ese sería esperar que lleguen a la Corte alguna de las otras tres demandas tramitadas en primera instancia contra dicha ley. En efecto, por pedido del Grupo Clarín, el juez federal de la Ciudad de Buenos Aires Edmundo Carbone se pronunció sobre los artículos 41 y 61 (que refieren al límite de titularidad de licencias), en tanto que en Salta otro juez federal, Miguel Medina, se hizo eco de una demanda del Comité de Defensa del Consumidor. El último caso fue el de otro juez federal, Leopoldo Rago –de San Juan, y a pedido del Grupo Vila-Manzano– que decidió que en esa jurisdicción se desconocieran algunos de los artículos de la Ley 26.522 votada en el Congreso. Lo cierto es que el único fallo de Cámara fue el de Mendoza, de modo que si la Corte esperara nuevas decisiones de tribunales de alzada, la demora crearía un clima de altísimo voltaje y pondría al máximo tribunal de la Nación en una situación de fragilidad y gran rispidez con los otros dos poderes, el Ejecutivo, porque apeló el fallo del tribunal mendocino, y el Legislativo, porque trató y votó dicha ley.
¿Qué hará la Corte ? El escenario más previsible es que la Corte preste atención al reclamo del Ejecutivo porque hay “gravedad institucional” –tal como reclama la apelación– ya que no existe un marco regulatorio que reemplace la Ley 26.552. Nadie podría decir que la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura es un remedio para este vacío. Por el contrario, aumenta la gravedad de esta coyuntura. Lo que llegó a la Corte es una medida cautelar que tiene un “efecto suspensivo” sobre la 22.552, de modo que puede decidir un “efecto devolutivo” (que recobre vigencia) sin perjuicio de que la jueza Olga Pura de Arrabal dicte sentencia sobre el recurso de amparo presentado por el diputado Thomas. Lo único que había hecho era darle curso a la medida cautelar (luego ratificada por la Cámara ). Con sólo cuatro votos a favor, esa medida –que cambie el “efecto”– descomprimiría completamente esta sensación de caldera mediática.
No hay ningún indicio –serio– de que el presidente de la Corte tenga compromisos con los grupos mediáticos como para que su condición de jurista quede opacada. Ni siquiera para el juez Carlos Fayt, claramente opositor al Gobierno, sería fácil oponerse a la vigencia de la 22.552 porque sentó varias veces doctrina contra la judicialización de leyes.
¿De qué Corte estamos hablando? No sólo fue transparente la conformación del alto tribunal. La transparencia y difusión pública de sus actos fue visible. Mediante la Acordada 30/07, dispuso un sistema de audiencias de carácter público (informativas, conciliatorias y ordenatorias) que posibilita la participación ciudadana. Así, se consolidó la Acordada 28/04, que establece la intervención como Amigos del Tribunal (Amicus Curiae) de terceros que cuenten con una reconocida competencia y en asuntos de trascendencia institucional. En materia de información pública, la Corte impulsó la difusión de los actos oficiales y jurisdiccionales de todo el Poder Judicial, mediante el Centro de Información Judicial (Acordada 17/06). La Corte mejoró la gestión de los litigios mediante la creación de la Comisión Nacional de Gestión, la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia.
En temas de orden social y ambiental, esta Corte tuvo resoluciones importantes. Creó la Oficina de Violencia Doméstica, Oficina de la Mujer y Mapa Judicial para ordenar la gran cantidad de causas y promover la creación de nuevos juzgados donde sea necesario. En la causa “Mendoza”, abordó la situación de vida de los habitantes de la cuenca del Riachuelo, la recomposición del ambiente y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. Con ese espíritu, ordenó a la Autoridad de la Cuenca el cumplimiento del programa establecido por el Tribunal, y la responsabilidad concurrente del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Cuidad Autónoma de Buenos Aires en la ejecución del programa.
En la causa “Verbitsky”, estableció ciertos estándares a los que deben adecuarse la política criminal y penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, y libró una serie de directivas a los tres poderes de esa provincia a fin de dar solución a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas detenidas en las comisarías bonaerenses. En materia previsional, la causa “Badaro”, ordenó el ajuste de la prestación previsional y exhortó a las autoridades responsables para una solución global.
Otro avance se registró en el campo de la salud mental, a partir de tres precedentes del tribunal, en los que se reconocieron que los pacientes institucionalizados de forma coactiva son titulares de un conjunto de derechos fundamentales, en consonancia con los Principios de Salud Mental adoptados por la Asamblea General de la ONU en su resolución 46/119, que establece normas para el tratamiento y las condiciones de vida dentro de las instituciones psiquiátricas y prevén protecciones contra la detención arbitraria en dichas instituciones. Por otra parte, se consideró que resultaba imprescindible contar con un control judicial acerca de la necesidad de la medida de internación.
Un cambio esencial se produjo en materia de los juicios por delitos de lesa humanidad, al disponer primero la creación de una Unidad de Asistencia, y luego profundizar esta decisión de Estado mediante la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, en el ámbito de la Secretaría General y de Gestión del Tribunal (Acordada 42/08), con el objeto de acelerar el trámite de las causas y llegar a su resolución en un plazo razonable. A su vez, creó la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conformada por miembros de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura , coordinada desde la Secretaría General y de Gestión del tribunal, de la que depende la unidad de superintendencia interna.
Asimismo y a fin de solucionar los problemas generados por la falta de integración de varios tribunales, la Corte dispuso su integración a partir de la convocatoria a jueces de localidades vecinas (Acordada 37/09). A fin de paliar las falencias que se detectaron desde lo funcional, otorgó más de 270 contratos, que en su mayoría pertenecen a los cargos de prosecretarios, secretarios de juzgados y secretarios de Cámara. Este proceso permitió que existan 24 causas juzgadas, siete en pleno trámite, ocho con fecha de debate fijada, así como decenas de causas elevadas a juicio.
Miradas al Sur
miércoles, 5 de mayo de 2010
Los que Mandan sólo exigen un periodismo obediente.
Por Eduardo Pérsico.
Falsa, disfrazada o cierta, nosotros vendemos credibilidad. Natalio Botana, dueño del Diario Crítica, 1930.
Si el periodismo es serio, adusto, tilingo, rufianesco o simplemente canalla como es frecuente en la Argentina , eso no le interesa mayormente al Poder. Lo importante para los medios es cumplir con Obediencia Debida las decisiones del liberalismo económico, y si a eso los gremios llaman profesionalidad, periodismo independiente o como sea, a quienes Mandan no les incumbe. Ellos sólo indican los temas a tratar, de qué manera y la formalidad restante no les cuenta.
El principio de convencer o seducir es de manual en el juego informativo, pero en Argentina los escribas se engolan o crispan tanto que acaban manipulando el símbolo y no lo esencial del hecho a considerar. La parcialidad aliena a cualquier escriba y lo acerca al precipicio del panfleto increíble, - un deber de primer grado en el oficio- pero en la Argentina los empleados del multimedio Clarín y asociados despilfarran su decoro personal y el mínimo de objetividad contra una nueva ley de medios sancionada por las cámaras legislativas hace unos meses. Igual y pese a tanta chaplinesca demora judicial en convalidar lo sancionado, la ley tiene validez institucional y su aplicación es casi inminente, pero cierta perversión en la opinión y el debate; esencia del periodista; enrarece el clima algo que apunta a desmonopolizar y democratizar más nuestro hábito informativo. Esta innecesaria genuflexión ante el Poder olvida por la nueva ley de medios de paso liquida el lóbrego engendro de los militares todavía vigente, y tanta resistencia mecánica al gobierno de turno sería algo que podrían matizar en redacciones y estudios de televisión muchos periodistas. Al menos para ser más creíbles y cumplir un poco el objetivo final de todo monopolio dedicado a fabricar opinión: la credibilidad de la masa. No hay ninguna variable a esa razón de peso: ‘falsa, disfrazada o cierta nosotros vendemos credibilidad, pero si jamás entregamos una Verdad Cierta el negocio terminaría muy pronto’ completaría su pragmatismo el diestro Natalio Botana...
Cada editor bien puede criticar cuanto no entienda a su favor, algo no censurable, pero esa limitación no supone que el pensamiento del lector es un sistema de uso propio; eso tiene sus matices. Y ya resulta sospechoso que ningún medio, en ánimo de cuestionar, no la emprenda contra la tibia acción del gobierno en achicar la brecha gigantesca entre pobres y ricos, en no forzar mayor equidad en la repartición de la riqueza, la sanción penal para la fuga de capitales, el no pago del impuesto a las ganancias entre los magistrados del poder judicial por la intangibilidad del sueldo de los jueces, las inalcanzables jubilaciones de privilegio quienes nunca trabajaron, los legisladores que se ufanan de no asistir a una sesión de trabajo durante años, frenar las fabulosas evasiones impositivas en el negocio agroexportador, la prisión domiciliaria para los genocidas y demás tratos casi monárquicos. Esas más la lucha en serio contra la corrupción oficial serían muy válidas exigencias del periodismo, que ni se atreve a cuestionar la demora en identificar de una vez a los chicos adoptados o apropiados por la señora de Noble, - principal del multimedio Clarín- y concluir con una opereta jurìdica.
Si ya mismo todo eso tan serio para la convivencia se ventilara en los diarios y pantallas de televisión, los hacedores de la opinión deberían abandonar esa idea en la cual el lector-sujeto es un ente incapaz de la menor abstracción intelectual. Solamente por esa valoración tan confusa difusa que los medios hacen de la sociología, la psicología de masas y la realidad; una más de sus temeridades sin sustancia. .
Por naturaleza cada ‘periodista independiente’ cumple un mandato del Poder, y ese no entender que el imaginario social y colectivo es algo que ellos desconocen, - por inasible y misterioso- los confunde. Deberían aceptar que ‘eso’ que anda por ahí existe y son personas, gente, población, ustedes elijan el nombre. Pero es tal el despiste que el diario La Nación de Buenos Aires dedicó en los últimos años cientos de artículos contrarios al gobierno actual, sin estimar que tanta falta de objetividad elevaría a su ‘enemigo’ en el favor popular. Un pequeño detalle muy sustantivo no tomado en cuenta por los escribas, que más tarde advirtieron los encuestadores del mismo diario. Ese efecto inverso devino de la inmodificable realidad, tan categórica con quienes inauguran teorías caseras demasiado originales. Se sabe que la intención de voto a favor del gobierno sube levemente, pero quizá dentro de poco golpeará en lo medular y resulte algo equiparable a otra aseveración ya caída en desgracia: la de creer que en la Argentina ningún gobierno soportaría diez tapas de los diarios ‘serios’ en contra de su gestión, sin capitular. Una premonición propia de una sobremesa con buen Merlot en algún barrio privado, muy demorada quizá porque ‘estos tipos que gobiernan ni leen los diarios’ o algo parecido. A no engañarse, el mundo ha cambiado y la situación de la Argentina también; hoy los principales negociadores internacionales con el país son Brasil y China y no USA ni Europa Occidental; pasaron sesenta años, el peronismo sigue existiendo y su último reunión general ocurrió en la CGT ; y si de pronto reapareciera su líder máximo en el balcón a gritar ‘que se calle el del bombo’, se callarían más de uno.
Argentina sigue estando en el planeta y aunque ciertos borroneos la confunden, a esa realidad ni de lejos la puede cambiar el palabrerío de los medios peleados con el gobierno. (5/2010).
Eduardo Pérsico nació en Banfield y vive en Lanús, Buenos Aires, Argentina
sábado, 1 de mayo de 2010
La Ley de Medios pasó a la Corte Suprema
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra el fallo del propio tribunal y dispuso elevar a la Corte Suprema de Justicia la causa por la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fallo completo.
En marzo último la misma Cámara que ahora giró la Ley a la Corte suprema de Justicia de la Nación había confirmado la medida cautelar que dispuso la suspensión de la norma, según anticipó el Centro de Información Judicial.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza al declarar admisible el recurso federal, afirmó que del examen de la presentación surge que se han cumplido con todos los recaudos formales que hacen a la admisibilidad formal del recurso intentado.
El tribunal de Mendoza agregó que “suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se cuestiona la violación a las reglas de procedimientos, la afectación del derecho de las minorías y su implicancia constitucional, que concluyó con la sanción por parte Honorable Congreso de la Nación, de una norma de carácter federal, como la Ley N° 26.522”.
Para Mariotto, la Corte se pronunciará "rápidamente"
El presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisuales manifestó su "satisfacción" por la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de elevar a la Corte Suprema la causa por la suspensión de la Ley de Medios.
Mariotto consideró que "era descabellado que una jueza impidiera la aplicación de una ley de la democracia" y se mostró "satisfecho y entusiasmado de que ésto sea abordado ahora por la Corte Suprema", al sostener que el máximo tribunal "seguramente lo va a abordar rápidamente".
De esta manera, Mariotto hizo referencia a la decisión de la Cámara Federal de Mendoza que resolvió elevar a la Corte Suprema de Justicia la causa por la suspensión de la ley, al conceder el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra ese tribunal.
"Esta es una Corte independiente que, sin presiones, va a poder fallar", afirmó a Télam el funcionario, quien destacó que a su juicio "los fallos de Mendoza que suspendieron la aplicación de la ley se dieron en un contexto de imperio del monopolio". Añadió que "esta decisión nos da mucha confianza y entusiasmo" en torno a la aplicación de la ley y puso de relieve que se trata de "una ley de la democracia que tardó mucho tiempo en discutirse y era natural que los grupos afectados iban a tratar de impedir su vigencia".
Mariotto recordó además que el proyecto "se discutió en foros de todo el país y en charlas, donde la sociedad reflexionó durante un largo tiempo y propuso incorporaciones, las cuáles se incluyeron y por eso luego se vieron reconocidos en el texto que votó el Congreso".
"Estamos muy contentos. Creemos que la Corte Suprema se va a ajustar a la Constitución", aseguró Mariotto, quien adelantó que, una vez que el máximo tribunal resuelva, se realizará una campaña para la elaboración participativa de normas que permitan su reglamentación.
Página|12
En marzo último la misma Cámara que ahora giró la Ley a la Corte suprema de Justicia de la Nación había confirmado la medida cautelar que dispuso la suspensión de la norma, según anticipó el Centro de Información Judicial.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza al declarar admisible el recurso federal, afirmó que del examen de la presentación surge que se han cumplido con todos los recaudos formales que hacen a la admisibilidad formal del recurso intentado.
El tribunal de Mendoza agregó que “suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se cuestiona la violación a las reglas de procedimientos, la afectación del derecho de las minorías y su implicancia constitucional, que concluyó con la sanción por parte Honorable Congreso de la Nación, de una norma de carácter federal, como la Ley N° 26.522”.
Para Mariotto, la Corte se pronunciará "rápidamente"
El presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisuales manifestó su "satisfacción" por la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de elevar a la Corte Suprema la causa por la suspensión de la Ley de Medios.
Mariotto consideró que "era descabellado que una jueza impidiera la aplicación de una ley de la democracia" y se mostró "satisfecho y entusiasmado de que ésto sea abordado ahora por la Corte Suprema", al sostener que el máximo tribunal "seguramente lo va a abordar rápidamente".
De esta manera, Mariotto hizo referencia a la decisión de la Cámara Federal de Mendoza que resolvió elevar a la Corte Suprema de Justicia la causa por la suspensión de la ley, al conceder el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra ese tribunal.
"Esta es una Corte independiente que, sin presiones, va a poder fallar", afirmó a Télam el funcionario, quien destacó que a su juicio "los fallos de Mendoza que suspendieron la aplicación de la ley se dieron en un contexto de imperio del monopolio". Añadió que "esta decisión nos da mucha confianza y entusiasmo" en torno a la aplicación de la ley y puso de relieve que se trata de "una ley de la democracia que tardó mucho tiempo en discutirse y era natural que los grupos afectados iban a tratar de impedir su vigencia".
Mariotto recordó además que el proyecto "se discutió en foros de todo el país y en charlas, donde la sociedad reflexionó durante un largo tiempo y propuso incorporaciones, las cuáles se incluyeron y por eso luego se vieron reconocidos en el texto que votó el Congreso".
"Estamos muy contentos. Creemos que la Corte Suprema se va a ajustar a la Constitución", aseguró Mariotto, quien adelantó que, una vez que el máximo tribunal resuelva, se realizará una campaña para la elaboración participativa de normas que permitan su reglamentación.
Página|12
sábado, 24 de abril de 2010
Lo juzgan, pero acá
Francia había reclamado al ex marino por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, pero el pedido fue rechazado porque está siendo juzgado aquí por los mismos hechos.
Astiz se había presentado ante la Justicia bahiense el martes. El ex capitán entregó entonces un escrito de ocho carillas en el que exhortó a que se defienda la soberanía nacional, criticó la actitud de Francia de pretender juzgarlo y argumentó desconocer el principio de jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, aplicado a fines de los ’90 por el juez español Baltasar Garzón respecto de represores sudamericanos e invocado ahora por abogados argentinos para juzgar en el país los crímenes del franquismo en España.
La audiencia de ayer, que no contó con la presencia del ex marino, se llevó a cabo al mediodía en la sede del juzgado bahiense, con la participación del fiscal Antonio Castaño. El juez ad hoc Martínez señaló que Astiz es juzgado en estos días por su responsabilidad en los mismos hechos por los que se pide la extradición y apuntó que son “incluso más amplios y graves” los que se juzgan en Comodoro Py. Admitir la extradición, argumentó, configuraría “un claro caso de doble persecución penal, violatoria de la garantía del ‘ne bis in idem’”, que deriva “del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, es un complemento de las demás garantías que protegen la libertad individual e importa un principio básico y regulador del proceso”. Sólo resta saber si la Embajada de Francia apelará la decisión.
Astiz declaró el mes pasado durante más de una hora ante el TOF5 porteño. Lejos de negar los crímenes o mostrar arrepentimiento, intentó justificarlos con citas de Perón, con los decretos de aniquilamiento de Luder, Ruckauf & Cía. y con un supuesto “apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época”. También sugirió que Néstor Kirchner dio en 2003 “un golpe de Estado” al designar “una nueva mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia y que existe “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió el terrorismo”.
Página|12
jueves, 15 de abril de 2010
Marcha por la Ley de Medios de la Democracia
Este jueves 15 de abril a las 17 horas se realizará una movilización, de Congreso a Tribunales, en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en contra de la “malversación de la voluntad popular”, convocada por las más de 300 organizaciones que componen la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Hebe de Bonafini será la última oradora del acto.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición explicaron que la resolución judicial de la Cámara Federal de Apelaciones mendocina que suspende la aplicación de la ley 26.522, en respuesta a un amparo del diputado Enrique Thomas, constituye "un secuestro de la ley construida legítimamente en democracia".
La marcha saldrá del Congreso de la Nación y recorrerá las calles céntricas de la Ciudad hasta llegar a los Tribunales de Plaza Lavalle. El objetivo de la movilización es pedirle a la justicia que garantice la plena vigencia de la ley que fue votada y aprobada por amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores. La consigna de la jornada es “defender la democracia es defender sus leyes”.
La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, basada en los 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación impulsados desde 2004 por la Coalición, se aprobó el año pasado por amplia mayoría en las dos cámaras, después de debates en todo el país y audiencias públicas en diputados y en senadores. Hoy la norma se encuentra suspendida provisoriamente por los jueces de la Cámara Federal de Mendoza que ratificaron la medida cautelar de la jueza federal Olga Pura de Arrabal que paralizó su aplicación por un recurso del diputado nacional del peronismo disidente Enrique Thomas, quien adujo un supuesto incumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto.
La jueza es la misma que prohibió las emisiones de Canal 7 en Mendoza por pedido del Grupo UNO del empresario Daniel Vila. La Cámara Federal de Mendoza mantiene a todos los represores de la dictadura de esa provincia en libertad y los familiares de las víctimas del terrorismo de estado acusan al tribunal de favorecer a los represores.
Con respecto a la movilización de este jueves 15 de abril en Buenos Aires, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Busso, dijo que “como el 27 de agosto simbólicamente llevamos el proyecto de ley marchando desde la Casa Rosada al Congreso de la Nación y participamos del debate, y de la movilización en defensa de la ley, hoy queremos llevar simbólicamente la ley del Congreso a tribunales para decirle a la Corte Suprema de Justicia que nos han robado, nos han secuestrado la ley construida en democracia, y para defender la democracia defendemos nuestras leyes”.
La ley de Comunicación Audiovisual fue aprobada por amplia mayoría parlamentaria -147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención en Diputados y 44 votos a favor y 24 en contra en Senadores- y derogó tras 26 años de democracia la Ley 22.285, una de las herencias más nefastas de la dictadura.
Reporte de las Madres
http://www.reportedelasmadres.org.ar/nota.asp?Nhome=4174
lunes, 12 de abril de 2010
EL GOLPE MÁS DURO AL MONOPOLIO
Los abogados de Noble no cumplieron con las formas. Tampoco lo hizo la jueza que otorgó la adopción de Felipe y Marcela. El desprecio por la legalidad es parte de la impunidad de un grupo poderoso.
Por Eduardo Anguita
El fallo fue unánime. Tres camaristas del tribunal de Casación, Guillermo Yacobucci, Luís García y Gustavo Mitchell rechazaron por “inadmisible” la apelación que habían hecho los abogados de Clarín, Jorge Anzorreguy y Horacio Silva. Era una audiencia pública donde podían asistir los medios de comunicación. El mediodía del viernes era radiante y la sala en Comodoro Py tenía caras tensas tanto por el lado de los representantes de Ernestina Herrera de Noble como de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Ocho años de demoras y chicanas judiciales acompañadas de fuerte lobby político. Demasiado para la innoble tarea de evitar que se conozca la identidad de dos personas que ya tienen 34 años.
Mitchell y Yacobucci –García prefirió no asistir – no miraron a Anzorreguy y a Silva cuando en la lectura de la sentencia les advertían que “carecían de representación” para abogar por Felipe y Marcela Noble Herrera. Aunque parezca insólito, las firmas de ambos no estaban estampadas en el escrito de ellos. Es decir, los interesados no tienen entidad propia en un proceso que los involucra entera y solamente a ellos. La identidad es esencial para la construcción de la subjetividad. A ellos los ningunearon a la hora de presentar el planteo judicial o, acaso, ¿alguno de ellos no quiso firmar? Anzorreguy y Silva son abogados de Ernestina –la posible apropiadora– y, a la vez, de Felipe y Marcela –los posibles apropiados–. Los camaristas no sólo rechazaron las pretensiones de los letrados. Además ordenaron que un juez federal investigue esa incompatibilidad porque constituye prevaricato. Los camaristas fueron un paso más que los puso muy incómodos: el juez federal deberá notificar al Colegio Público de Abogados de esa irregularidad. Una manera –inesperada– de advertirles que su conducta los pone ante una especie de tribunal de disciplina y que podría llevarlos a que les suspendan o les quiten la matrícula.
La impunidad de ocho años, desde que Conrado Bergesio tomó la causa, parece haber dado un giro inesperado. ¿Cómo ellos? ¿Si los antecedentes de Mitchell, García y Yacobucci los acercan más a los represores que a las víctimas de la dictadura? Da la impresión de que, ese mediodía, se resquebrajó un trozo del muro de impunidad de Clarín. La voz metálica de los jueces, entre tanto tecnicismo jurídico, impedía a los legos entender adónde iban. Los que estaban sentados sumaron ansiedad hasta que se escuchó la parte resolutiva. Fue tan clara que los esfuerzos de los patrocinantes de Ernestina (que dicen defender a Felipe y Marcela) por disimular no alcanzaron para nada.
Es cierto que los abogados de Clarín son batalladores de juzgados y especialistas en imponer el poderío del grupo. Pero esta sentencia los dejó golpeados. Ahora tienen pocas variantes judiciales. Pueden apelar ante la Corte Suprema a través de la misma Cámara de Casación. En la edición de ayer de La Nación , el periodista y abogado Adrián Ventura aventura que “van a apelar” en nombre de Felipe y Marcela. Sin embargo, la resolución de Casación fue tan contundente que es probable que ese tribunal no le dé curso a la apelación y los letrados deban ir “en queja”. Eso los deja solos. Desnudos en el intento de tapar lo que a esta altura parece un hecho aberrante. Cuanto menos, está a la vista que un grupo mediático cierra filas para que su dueña evite que se sepa la verdadera identidad de sus hijos. Lo más probable es que en poco tiempo se sepa quiénes fueron los padres biológicos de Felipe y Marcela y se avance un paso más en saber cómo fueron los tratos entre los dictadores y la dueña de Clarín.
El juez Conrado Bergesio ahora tiene la pelota en su campo. La semana próxima debería ordenar que las muestras de ADN de Felipe y Marcela sean analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde él ya las había enviado para que se iniciaran los estudios. Bergesio no mandó las muestras por propia voluntad sino por orden expresa de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Vale la pena recordar que los letrados de la viuda de Noble recurrieron a la Cámara de Casación para neutralizar a los camaristas. Los abogados de Abuelas estaban prevenidos de que Anzorreguy y Silva tenían la idea de recusar a la Sala I para que la causa pasara a la Sala II , permeable a sus influencias. Pero, ahora, con el inesperado fallo de Casación, el círculo se va cerrando.
Las muestras genéticas, según dicen los mismos abogados querellantes, deben estar en buen estado de conservación. Es decir, no degeneraron las partículas de ADN que están en manos de los genetistas del Hospital Durand. Y las Abuelas confían en esos especialistas. De modo que si alguna de las muestras no sirviera, en el laboratorio lo detectarán. Las posibilidades de intrigas o trampas no parecen estar en el escenario real. En menos de dos meses, si Bergesio da la orden, se podrá determinar la verdadera identidad biológica de estas dos personas.
1976. La historia oficial arrancó 34 años atrás. Sin que Ernestina Herrera de Noble hubiera realizado ningún trámite para adoptar un hijo, una jueza de Menores le entregó primero la guarda y luego la adopción plena de dos criaturas de pocos meses. Esa irregularidad no es nada cotejada con los relatos insólitos que constan en los expedientes de adopción de Felipe y Marcela. Esos expedientes, completos, están en el juzgado Federal de San Isidro y son reveladores del desinterés por consignar una historia que, al menos, resultara verosímil. El desinterés por cubrir las formalidades es una marca de poderío. Pero no es lo mismo durante la dictadura que en esta democracia que no quiere más la tutela del monopolio Clarín.
El 13 de mayo de 1976, Herrera de Noble se presentó ante la jueza de Menores de San Isidro Ofelia Hejt con una beba. Le dijo que la había encontrado 11 días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa de San Isidro. Su principal testigo era “el cuidador de la casa de la vecina”. Cuando, en 2001, el juez Roberto Marquevich tomó declaración a Roberto Antonio García –es decir, 25 años después–, éste no tuvo empacho en aclarar que nunca cuidó ninguna casa lindera a la de la dueña de Clarín pero que en cambio revistó durante cuatro décadas como empleado del grupo. Era uno de los chóferes.
Dos meses más tarde, el 7 de julio de 1976 y ante el mismo juzgado, apareció otra mujer, no Ernestina. La que llegaba al despacho de Hejt dijo llamarse Carmen Luisa Delta y ser madre soltera del bebé de tres meses que llevaba en brazos. Argumentó que no podía mantenerlo y se retiró sin que la jueza corroborara su nombre y el número de documento de identidad que le dejaba. Según consta en el expediente de Hejt, los datos de la señora eran completamente falsos. Aclaremos: en plena dictadura, una madre pobre llegaba a los tribunales exclusivos de San Isidro y tenía la osadía de simular identidad. Si algo más resulta absurdo es que ese mismo 7 de julio se presentó en el juzgado de Hejt nada menos que ¡Ernestina Herrera de Noble! La jueza, sin dudarlo, le dio el varoncito a la dueña de Clarín.
Pasados tantos años todavía es un misterio si Felipe y Marcela escucharon o leyeron esta leyenda judicial que les deja un vacío de identidad completo. Se sabe poco de sus vidas. Marcela, por caso, trabaja para el multimedio. Figura como “adscripta a la dirección de asuntos corporativos” (¿Qué es ser adscripto? ¿Ser un agregado? ¿Ser uno que adhiere?) mientras que antes se dedicaba a la “organización de eventos” (algo tan genérico que puede ser comprar los chips para un cocktail o bien ocuparse de las fiestas de becarios de Clarín). Nunca habla. Apenas unos meses atrás, acompañó a los directivos de Clarín a la reunión que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa en Buenos Aires. Un “evento” destinado a criticar al Gobierno argentino y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual votada por el Congreso nacional. En cuanto a Felipe, en diciembre del año pasado contrajo matrimonio. Una fiesta súper custodiada en el Jockey Club de San Isidro y unas pocas fotos sociales. Lo que sí se sabe es que en junio nacerá Mora, la hija de Felipe y su esposa. Así decidieron llamarla. Nacerá en junio. Quizá Felipe tenga la oportunidad de saber de quiénes es nieta su hija para ese entonces.
Miradas al Sur
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