La provincia autorizaría el desmonte de miles de hectáreas de Bosque Nativos en Sierras Chicas.

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Luego de la polémica aprobación de la mal llamada “ley de bosques” que esta siendo fuertemente cuestionada por las universidades nacionales de Río Cuarto y Córdoba y por diversas organizaciones y sectores sociales, el gobierno provincial se apresta a sancionar este miércoles 29 de septiembre una nueva ley que avanza sobre los pocos bosques nativos que quedan en nuestra provincia.

En nuestra legislatura provincial tiene prioridad de tratamiento para el próximo miércoles 29 de septiembre un proyecto de ley (ver adjunto) presentado por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) que intenta consensuar con los municipios la planificación del uso de los suelos en el gran Córdoba.
Lo llamativo es que lejos de reglamentar y pautar los mismos teniendo en cuenta la normativa ambiental, social, económica y de infraestructura vigente dicho proyecto, de manera sorprendente, cede a las presiones de varios municipios y avanza con la mancha urbana sobre cerros y bosques.

Paradigmático es el caso de La Calera, ciudad con conocidos conflictos por la falta de planificación urbana, que según la propuesta presentada crecería en un 300 %, es decir tres veces su tamaño actual teniendo en cuentas áreas urbanas consolidadas y en consolidación. (Ver mapa) ¿tres veces menos agua? ¿tres veces menos gas? ¿tres veces menos electricidad para quienes vivimos en La Calera? ¿a quienes beneficia esto?.

El proyecto de Arq. Guillermo Iroz propone clasificar los usos de suelos en áreas no urbanizables y urbanizables, y dentro de estas últimas en áreas urbanizables consolidadas, prioritarias y diferidas. En el caso de La Calera afectarían gran parte de la actual Reserva Municipal Hídrica y Natural Bamba.

Por otra parte es importante destacar que a pesar de que la nueva “ley de bosques” aprobada hace semanas podría ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, la misma prohíbe el desmonte en áreas de marcada pendiente y permite solo el cuestionado uso ganadero en las zonas de conservación (Rojas). Con el proyecto de ley del IPLAM se desmontarían más de 6000 hectáreas solo en el departamento Colón.

Queda por preguntarse cómo se garantizarán los servicios públicos para los nuevos proyectos desarrollistas como el agua, las cloacas y el gas y quién correrá con esos costos más teniendo en cuenta la actual crisis hídrica y energética. Seguramente no será el sector privado.

Grupo EsCalera