"Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente, che."
Julio Cortázar, Libro de Manuel

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lunes, 16 de mayo de 2011

UN TRIBUNAL FEDERAL RATIFICÓ LOS PRIVILEGIOS DEL GRUPO CLARÍN SOBRE EL RESTO DE LOS CIUDADANOS

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La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal decidió que el grupo Clarín puede seguir incumpliendo el artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta diciembre del año 2013. Concretamente los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta prolongaron hasta esa fecha la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de Clarín por el juez Edmundo Carbone en 2009. El artículo 161 es el que fija el plazo de un año para que todos los radiodifusores del país se adecuen al límite de no más de 10 licencias de radio y televisión abierta y no más de 24 licencias de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. El presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso aseguró que el fallo “deja la sensación de que estos grandes grupos económicos tienen formas de burlar la ley y que la ley no es igual para todos”.
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Clarín controla más de 200 licencias y supera largamente el límite que fija la ley. Por eso luego de aprobada la ley en 2009, el grupo recurrió al juez Edmundo Carbone, quien le concedió una medida cautelar que impidió que se le aplique el artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recientemente Carbone no quiso fijar un plazo para la vigencia de esa medida como lo había ordenado la Corte Suprema y ahora los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta de la Cámara Civil y Comercial lo fijaron hasta diciembre de 2013. Mientras tanto la cuestión de fondo del caso, es decir si es constitucional o no el artículo 161, sigue sin ser resuelta por la justicia y es el juez Carbone quien tiene que hacerlo, ahora con plazo hasta 2013. El presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual Néstor Busso aseguró que “la medida cautelar que se prolonga por tres años es una medida provisoria, justamente, cautelar, por las dudas lo que se resuelva en la sentencia. Pero en la práctica esta medida tiene el efecto de sentencia y deja la sensación de que estos grandes grupos económicos tienen formas de burlar la ley y que la ley no es igual para todos, así que realmente me parece una decisión absurda”.
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Busso dijo que de todos modos “es bueno de que la cámara se haya expedido porque esto permite recurrir ante la Corte Suprema de Justicia que espero que con un poquito más de sentido común haga cumplir la ley y no prolongue este plazo”. “Vamos a esperar que la Corte Suprema de Justicia defina y las cosas se resuelvan en un plazo más breve porque mientras tanto el grupo monopólico continúa operando todos los servicios que hoy opera, en contra de lo que dice la ley, desafiando a la ley”. aseguró.
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El presidente de FARCO explicó que “para cumplir la ley es necesario por un lado acabar con los oligopolios y monopolios y por otro fortalecer los nuevos medios, nuevas voces que representan a todos los sectores de la sociedad. Con este fallo se posterga la vigencia, la permanencia ilegal e ilegítima del grupo Clarín con gran cantidad de medios que está operando”.
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La decisión de los jueces de la Cámara Civil y Comercial será apelada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la decisión quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

miércoles, 11 de mayo de 2011

EVIDENTES PROGRESOS EN LIBERTAD DE PRENSA EN ARGENTINA.................................. La SIP no pudo cosechar en Buenos Aires y se volvió a Miami

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http://www.laarena.com.ar/opinion
La Sociedad Interamericana estuvo en Argentina, con ánimo de criticar
al gobierno y defender a Clarín. Se volvió a Miami con las alforjas
casi vacías. Hay aquí más conciencia cultural, política y mediática.
EMILIO MARÍN

En la Asamblea semestral realizada en abril en San Diego, California,
la SIP puso su lupa empresarial sobre Argentina. No fue la única
examinada con un bochazo predeterminado; Venezuela, Cuba y Ecuador
también fueron aplazados por ese tribunal.
Argentina se llevó buena parte de esa reunión y el documento final.
Hasta allí habían viajado directivos de diarios asociados, caso de
Fernán Saguier, de “La Nación”, para alimentar el fuego
antikirchnerista. Hacía poco los gráficos habían bloqueado durante
horas una puerta de la planta impresora de Clarín, demorando su salida
por un conflicto laboral. Y eso, ya se sabe, es un crimen de lesa
humanidad para estos periódicos que fueron aliados de la dictadura
militar-cívica y recibieron como premio Papel Prensa.
En San Diego se sentó a Cristina Fernández en el banquillo de los
acusados y se la condenó en estos términos: “Argentina merece especial
destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se
abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de
desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios ´amigos´ con
publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de
periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno,
incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder
Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones
ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios
estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical
oficialista a boicotear a la prensa”.
Argentina parecía el III Reich. La libertad de prensa estaba
gravemente amenazada en Argentina. Y esto ameritaba una urgente
inspección del presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, ex director de
“Prensa Libre” de Guatemala, y actual presidente de la Corporación de
Noticias, S.A., de los matutinos Al Día y Siglo Veintiuno. Lo
acompañarían a la misión punitiva casi toda la plana mayor de su
Comisión de Libertad de Prensa: su titular, Robert Rivard, del San
Antonio Express-News, de Texas, y Claudio Paolillo, del semanario
Búsqueda, de Montevideo.
En los días previos, “La Nación” y toda la escudería mediática de
Clarín, sus radios y cables, amplificaron la llegada de la SIP. Héctor
Magnetto envió a Marcela Noble Herrera (hasta ahora se llama así) y
Saturnino Mitjans a Santiago de Chile, para compartir con Marroquín un
acto y cena con Sebastián Piñera, quien firmaba el Compromiso de
Chapultepec (México, 1994). Pese a las buenas intenciones genéricas de
esa declaración, México es -según la propia SIP- donde resulta más
peligroso desempeñar el oficio de periodista.
Desde Santiago de Chile la delegación voló y aterrizó en Ezeiza. El 4
de mayo fue recibida por el secretario de Comunicación Pública, Juan
M. Abal Medina.

Hay libertad
Las vestales de la libertad de prensa vinieron con un libreto escrito
por los directivos de los dos diarios argentinos. Bartolo Mitre es
secretario de la Directiva que encabeza Marroquín y completan como
1er. Vicepresidente Milton Coleman, de The Washington Post,
Washington; 2do. Vicepresidente Jaime Mantilla, Diario Hoy, Quito; y
Tesorera Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado. Saguier
es miembro de la Comisión Chapultepec, la agasajada por Piñera.
Con esos jugadores, el “team” es la colateral mediática de la OEA,
sólo que tiene su sede en Miami en vez de Washington.
Con esos propietarios periodísticos y la línea pronorteamericana, más
la resolución anti-argentina de San Diego de abril, el plan de la
delegación estaba cantado. Venía a cuestionar al gobierno, la ley de
medios, el intento de declarar el papel de diarios como de interés
público. Y venía a defender a la dueña de Clarín en sus chanchullos
empresarios y en su negativa a hacer el ADN de sus dos hijos tan
irregularmente adoptados, etc.
Pero el “Huracán SIP” se convirtió en una suave brisa sobre el Plata.
Es que desde el primer día chocó con límites políticos y la realidad.
Le fue denegada la entrevista con la presidenta de la Nación. La cita
la tuvieron con Abal Medina y su equipo, que recibieron a Marroquín y
Cía. con un documento y dos anexos donde se detallaba lo mucho que el
gobierno y la ciudadanía han hecho por la libertad de expresión.
La primera carta fuerte del secretario de Comunicación Pública fue la
ley de medios basada en el impulso de entidades sociales, culturales y
muchos periodistas democráticos. Su fin es desconcentrar la propiedad
monopolista de los medios (léase que Cablevisión no tenga el 80 por
ciento del cable en Capital).
La segunda, la despenalización de la figura de calumnias e injurias en
causas de interés público, delitos que eran imputados a periodistas
con afán de persecución política y pecuniaria.
La tercera, el proyecto enviado al Congreso para que la producción y
comercialización del papel para diarios sea un insumo de interés
público. Esto pone en tela de juicio al hasta ahora negocio cautivo de
Papel Prensa.
Abal Medina apeló al sentido común para desairar el libreto
prejuicioso de sus visitantes. Dijo que bastaba hojear los diarios o
ver unos minutos la tele para darse cuenta de que aquí existe la mayor
libertad de prensa, incluso para calumniar al gobierno sin pagar
ninguna consecuencia.
En rigor pagan una dura consecuencia con la opinión pública, que ha
elevado su conciencia política. Tiene más idea de qué intereses
empresarios y políticos defienden Clarinete, Gaceta Ganadera, Todo
Negativo, Noticias Falsas, Desde el llano y la cima del poder, A una
sola voz de Ernestina, etc. Es que el debate de la ley de medios no
pasó en vano.

Son incorregibles
El oficio de periodista requiere de una mentalidad abierta a la
información, los hechos objetivos y la realidad. Sobre esa base
después es inevitable que cada periodista y cada medio elaboren sus
posiciones.
La SIP ha demostrado que carece de ese piso mínimo para ejercer el
periodismo. Por algo son propietarios de medios gráficos afines al
neoliberalismo y las posiciones más oligárquicas y
pro-estadounidenses. De The Washington Post, The Miami Herald y otras
publicaciones de USA, eso es obvio, pero también lo es para Clarín, La
Nación y La Nueva Provincia, el Mercurio de Chile, El Comercio de Lima
y Búsqueda de Montevideo (el director de éste, Danilo Arbilla, fue
presidente de la SIP en el año 2000, sin importar que hubiera sido
Director de Prensa de la dictadura en Uruguay, donde se cerraron 14
medios de comunicación en forma definitiva).
En la conferencia de prensa, a modo de despedida de Buenos Aires,
Marroquín y sus acompañantes repitieron su libreto aprendido de
memoria.
“Esta misión concluye con una profunda preocupación por la estrategia
gubernamental que encontramos; en materia de libertad de prensa hay un
deterioro continuo”, afirmó el capo de la SIP en la sede de la
clarinista Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
El único dato para semejante apreciación es que la pauta de publicidad
oficial beneficiaría a determinados medios, pero eso no rebatió al
secretario de Comunicación pública, quien les informó que esa pauta
significaba sólo el 4 o 5 por ciento de la publicidad en el país.
Para los capitostes de la SIP la aplicación de la ley de medios será
“espantosa” porque sería “la creación de legislación que busca
desarticular a los medios independientes para crear un aparato oficial
de comunicación”. No se ruborizaron en defender la mal adquirida Papel
Prensa, torturas mediante, y denostaron “la intervención, que podría
derivar en nacionalización o estatización, de la distribución del
papel”.
Marroquín llegó a justificar el peor de los negocios de Ernestina
Herrera: el bloqueo del análisis de ADN a Marcela y Felipe. “Son
asuntos de familia” dijo.
Con esas definiciones preliminares se puede apostar que su informe
definitivo será lapidario para Argentina. No incidió en lo más mínimo
en los viajeros la reunión con periodistas democráticos como Víctor
Hugo Morales ni los papelones que hicieron en los reportajes ante
preguntas de cronistas de Canal 7, Duro de Domar y 678. Tampoco
atendieron las ocho razones de la declaración que les fue entregada
con las firmas de numerosos periodistas. El primer punto sostenía:
“que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es
un avance extraordinario para nuestra democracia”.
¿A cuántos argentinos habrá convencido la SIP? A poquísimos. En cambio
son muchos los que vieron más claro su jugada con Clarín y La Nación,
y distinguen mejor entre libertad de prensa y libertad de empresa.

miércoles, 4 de mayo de 2011

La SIP es un cartel de empresarios que expresa justamente los intereses de grupos económicos

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Miércoles, 04 de Mayo de 2011 13:31
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La secretaria General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Fagale, afirmó que “la SIP es un cartel de empresarios que expresa justamente los intereses de grupos económicos”. Los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya están en Argentina y este mediodía estaban siendo recibidos por el secretario de Medios de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. La SIP agrupa a los dueños de los principales medios comerciales del continente y ya se expresaron en varias oportunidades contra las políticas de comunicación en Argentina denunciando censura y violación a la libertad de prensa. Consultada sobre las denuncias de la SIP, la secretaria General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Lidia Fagale, afirmó en diálogo con FARCO Satelital que “en Argentina hay libertad de prensa, lo que ocurre es que la SIP acuña su concepto de libertad de prensa y lo resignifica en función de sus propias alambradas mediáticas”.
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“La SIP es un cartel de empresarios que expresa justamente los intereses de grupos económicos”, sintetizó la secretaria general del gremio que agrupa a los trabajadores de prensa de Buenos Aires.
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“En Argentina hay libertad de prensa, lo que ocurre es que la SIP acuña su concepto de libertad de prensa y lo resignifica en función de sus propias alambradas mediáticas. Por supuesto que en Argentina hay libertad de prensa, pero la libertad de prensa es un concepto que se empuña para expresar intereses y desde los cuales se actúa en función de intereses de clase. Y está claro que el concepto de libertad de prensa de la SIP no tiene nada que ver con el concepto de libertad de prensa del conjunto de la sociedad”, afirmó la referente de los trabajadores de prensa.
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En diálogo con Informativo FARCO Fagale recordó la conferencia de prensa de la UTPBA en la que se denunciaba la persecución sindical a los delegados de Canal 13 del grupo Clarín, afirmando que sin libertad sindical no hay libertad de prensa en los medios: “A la vez que se planteaba que los derechos sindicales no tienen precio, también lo que es la relación directa que tienen los derechos sindicales, a la vez de los trabajadores de prensa, con el ejercicio de la libertad de prensa. El derecho a la información o el derecho a la comunicación como un concepto más amplio, que incluye la libertad de prensa, está íntimamente vinculado con un conjunto de derechos que lo convierten en un derecho de carácter integral e interconexo con derechos de carácter económicos, civiles y políticos”.
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www.farco.org.ar
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Radio Puentes en Internet www.radiopuentes.com